Por: Subsecretaría DDHH Buenos Aires
El juicio conocido como Mega Causa Zona V llegó a la décima jornada de debate, pasados 70 días de haberse iniciado. Luego de la lectura de la requisitoria de elevación a juicio y la declaración indagatoria de algunos imputados, se pudieron escuchar apenas cuatro testimonios de sobrevivientes de secuestro, cautiverio y torturas en la última dictadura cívico militar eclesiástica.
En la etapa preliminar se calculaba que las audiencias se desarrollarían como mínimo a lo largo de dos años pero el ritmo que se viene llevando genera preocupación en los organismos de Derechos Humanos ya que apenas se cumplen cinco horas netas de debate. Cabe recordar que este juicio prevé la participación de 220 testigos y el juzgamiento de 38 imputados acusados por hechos contra 333 víctimas.
La abogada querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mónica Fernández Avello, partícipe en distintos juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca, demostró intranquilidad ante la negativa de extender las audiencias por parte del Tribunal Oral Federal en lo Criminal, integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido.
Avello, con un vasto recorrido en instancias judiciales que juzgan delitos de la última dictadura militar, dijo: “pensemos en las víctimas, es la primera vez que están frente a un tribunal luego de 46 años y tienen muchas cosas que contarnos. La impunidad biológica va a seguir su curso. Los imputados son cada vez más viejos. De nuestro lado, mueren testigos y familiares. Lo veo todo armado para que dure eternamente”.
En este sentido, desde la Fiscalía de Derechos Humanos de Bahía Blanca, en la voz del Fiscal Auxiliar Pablo Fermento, consideran que el juicio “viene atrasado por la dimensión que tiene. Hicimos un pedido para que se extiendan las audiencias o se fije una extra por semana o cada 15 días”. En principio, se preveía que se concreten seis testimonios, pero estiman que por la angustia y la crudeza de los relatos, apenas se llegarían a cuatro por jornada.
Casi la totalidad de las últimas dos audiencias del mes de abril, fueron dedicadas a la declaración indagatoria del imputado Claudio Kussman, ex comisario de la bonaerense actualmente excarcelado con domicilio en Pinamar. Más allá de la extensa exposición, de tintes arrogantes y soberbios, con provocaciones e intimidaciones a familiares de víctimas del terrorismo de Estado, según Fermento “fue poco lo que habló en relación a la base fáctica de los hechos que se le imputan”.
Sin embargo, la fiscalía considera que ante las preguntas formuladas al acusado, “hubo reconocimientos importantes para la imputación, hechos que negaba en las indagatorias preliminares. Por ejemplo, su estrecha relación con otros ex policías integrantes del servicio externo de la Unidad Regional V, subordinada al Ejército”, a los que también se les imputa el asesinato de Daniel José Bombara, militante de la Juventud Universitaria Peronista y miembro del gremio de no docentes de la Universidad Nacional del Sur, asesinado meses antes del golpe de Estado de 1976.
Por su parte, la abogada querellante Mónica Fernández Avello, indicó que “la declaración indagatoria es para que se defienda de lo que se lo acusa pero Kussman se dedicó a lanzar su veneno contra partes y víctimas. Es peligroso ya que en dos oportunidades, la Fiscalía le llamó la atención al Tribunal porque el acusado habló de víctimas por las cuales está imputado, y dijo que ‘si les hubiera pasado algo, seguro que lo iban a ir a buscar a él como con el caso Julio López’, en relación a la responsabilidad de Miguel Etchecolatz. No nos olvidemos que Kussman es parte de la misma policía”.
“El Tribunal le concedió prácticamente dos jornadas enteras, lo único que hizo Kussman fue sacarles tiempo a los testigos. Los jueces dirigen el proceso, le dejaron que se explaye sobre un montón de cosas que no tienen que ver con los hechos que se le imputan. Estoy muy decepcionada con este Tribunal”, concluyó Avello.
En esta Mega Causa, también se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma y al director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca, como así también las responsabilidades de un médico y un enfermero del Ejército. De los 52 imputados iniciales, 12 murieron y dos fueron declarados incapaces, Jesús Salinas y José María Martínez. La mayoría de ellos integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita” ubicado en Bahía Blanca.
El 5 de mayo se retomarán las declaraciones testimoniales donde se espera que se puedan escuchar como mínimo cuatro testimonios por audiencia. El debate en Bahía Blanca se puede seguir de manera presencial en Lavalle y Chiclana con presentación del DNI o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba
